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lunes, 19 de junio de 2017

Sobre la represión chavomadurista: Guernica en Caracas



Humberto Decarli
 

Se ha producido una escalada represiva en los últimos días a lo largo y ancho del país. Los cuerpos policiales y militares actúan con órdenes precisas de cometer cualquier violación de derechos humanos para intimidar y lograr ese cometido sin escatimar ningún esfuerzo para ocasionar lesiones, golpes, desapariciones y muertes a los manifestantes.

Antecedentes

La tradición venezolana en violación de derechos humanos es ancestral. Solo cuando se dieron bonanzas ocasionadas por el incremento del precio del barril fue cuando hubo una relativa paz social porque el Estado podía quebrar conflictos a través de soluciones financieras estimulando el gasto público no reproductivo. Empero, cada vez que surgía una iliquidez por el descenso del valor del petróleo, empezaba la crisis y ante la carencia de una panacea circunstancial se apelaba a la fuerza. 

La guerra para separarnos de España fue particularmente violenta. Los primeros enfrentamientos, entre futuros venezolanos, se tradujo en las más grandes atrocidades, sobre todo por la iniciativa del primer líder popular del país, José Tomás Boves. El Decreto de guerra a muerte fue una legalización de la barbarie, independientemente de los fines perseguidos. Lo materializó también el decreto de Simón Bolívar contra la insurrección del Cauca e incluso con la férrea dictadura impuesta en Bogotá al final de su vida.

El siglo XIX estuvo caracterizado por la violencia. La guerra federal y todas las “revoluciones” acaecidas estuvieron acompañadas de torturas, asesinatos, genocidios y maltratos. Tampoco escapó a esta impronta la llegada de los andinos al poder porque las experiencias de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez expresaron una conducta indolente ante las barbaridades cometidas por los militares y policías.

El puntofijismo no está exento de este devenir. Sus entidades represivas fueron formadas en la Escuela de las Américas donde aprendieron a exterminar a los adversarios. La muerte de Alberto Lovera, Fabricio Ojeda, el Chema Saher, los hermanos Pasquier, Donato Carmona, Juan Pedro Rojas Molleja y tantos otros que escapan a mi memoria, fue en ejercicio de lo aprendido. Pero el pináculo de la atrocidad aconteció el 27 de febrero de 1989 cuando más de tres mil personas fueron muertas a manos de los cuerpos castrenses y policiales en un genocidio jamás conocido en el país.

En el año 2014, cuando se produjo el movimiento denominado la salida, los entes punitivos del Estado habían cometido ciertos desafueros. En el Táchira fue frecuente hasta alcanzar la militarización total, con todas las secuelas inherentes a la condición de perseguidores sin límites. En Caracas se recuerda la toma del campamento estudiantil ubicado frente a la sede del PNUD en Los Palos Grandes. Hubo un asalto en la madrugada y de allí se llevaron detenidos cientos de jóvenes hacia las terribles ergástulas gubernamentales del Sebin y la anterior Dirección de Inteligencia Militar. Pasados tres años de ese estallido esencialmente estudiantil en el presente año se ha mantenido por más de dos meses y medio un flujo de masas inédito en Venezuela porque su sostenibilidad, heroicismo y padecimiento ha sido realmente espectacular. La gente, quizá por la crisis grave de alimentos y medicinas, ha insurgido con la incorporación de los sectores populares, quienes son los destinatarios directos de las erradas políticas gubernamentales.

Ante tan vigorosa movilización la respuesta ha sido la violencia empleando métodos militares, de guerra, de destrucción y no de disolución de concentraciones. La resultante ha sido muertos, heridos, desaparecidos, detenidos, torturados, daños a los bienes de las personas, abusos de toda índole y violaciones de los derechos humanos a granel.

Los desafueros más conspicuos

La reacción vehemente de la guardia nacional, la policía y los paramilitares ha desbordados los límites racionales. Se trata de un odio por parte de quienes detentan el poder hacia las personas sojuzgadas. Inició con los acontecimientos acaecidos en el Valle, Caracas, durante el mes de abril con varios asesinados y un enfrentamiento con los delincuentes promovidos por el mismo Estado. También con las enérgicas manifestaciones en los Altos Mirandinos, en especial Montaña Alta, Carrizal, la Matica, los Nuevos Teques y San Antonio de los Altos, con irrupciones de tanquetas por doquier. Siguió con la arremetida contra Chacao, Montalbán, La Vega y el Paraíso, con allanamiento, detenciones y persecuciones dentro de los mismos inmuebles. El non plus ultra ocurrió en la Quebradita, sector aledaño a la Avenida San Martín donde entraron los opresores disparando a discreción.

Sin embargo, el momento cùlmine de la escalada ocurrió en los denominados edificios Verdes, ubicados en Las Fuentes, El Paraíso, al lado del puente 9 de diciembre, comunicante de este sector con la Avenida San Martín. El accionar de los vándalos oficialistas, específicamente la guardia nacional, se tradujo en daños a los ascensores, allanamientos sin orden judicial, destrucción de las rejas de los estacionamientos con las tanquetas, irrupción estentórea en los apartamentos, detenciones ilegales, disparos a las mascotas y un cúmulo de actuaciones violadoras de los derechos humanos.

El proceder del Comando Antisecuestros de la guardia nacional es básicamente nazi reeditando el esquema de tierra arrasada propia de la legión Cóndor de la aviación alemanda cuando destruyó literalmente a la población vasca de Guernica luego de un bombardeo aéreo. Es la misma dialéctica ejercida por los americanos en Vietnam cuando utilizaron napalm para destruir hasta el ambiente y de Atila quien no permitía después del paso de su caballo, ni siquiera crecer la hierba.

Conclusiones sobre esta aberración

La actitud militar frente a las manifestaciones generadas por el hambre delata una vez más a los uniformados venezolanos con su catadura de bellaquería. Nada les importa por los daños causados, las lesiones, los asesinatos, muerte caninas ni todas las atrocidades cometidas. Simplemente cumplen con la función de sofocar todas las expresiones de protesta de la gente obstinada por la grave crisis económica y social atravesada. La finalidad es mantener a toda costa el poder sin control de nadie lo cual permito gobernar autoritariamente.

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